Traducido por Deya Jordá. Revisado por Carmen Méndez.
En el verano del 2010, mientras agentes estadounidenses investigaban acusaciones de que una poderosa mafia de la droga había inyectado dinero en la política mexicana, los investigadores apuntaron directamente al hombre que ahora es el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.
Según documentos confidenciales obtenidos por ProPublica, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) arriesgó a sabiendas causar un furor político al intentar penetrar la organización de la campaña de López Obrador antes de que los mexicanos pudieran elegir un gobierno que podría estar en deuda con los traficantes.
Desde un principio, según muestran los documentos, el objetivo principal de los estadounidenses fue López Obrador, el líder del Partido Revolucionario Democrático, la alianza izquierdista conocida como PRD, y el entonces favorito en la campaña presidencial de 2012.
“En caso de que esta investigación obtenga las evidencias sugeridas por los múltiples testigos cooperantes, la DEA buscará levantar cargos contra AMLO y miembros de su equipo y partido político”, indica un documento del Departamento de Justicia, refiriéndose a López Obrador.
“Por lo tanto, esta investigación podría afectar en última instancia la decisión sobre quién se presentará para las elecciones a presidente por el partido PRD”. La posible acusación de un candidato en las cortes de los Estados Unidos añade fríamente el documento, “traería sin duda atención de los medios”.
Los investigadores tuvieron inicialmente un éxito notable, convenciendo a un operador de la campaña para que actuara como topo de la DEA dentro del equipo político de López Obrador. Después elaboraron un plan audaz para una operación en la que un agente encubierto ofrecería a la campaña millones de dólares a cambio de futura protección, según se muestra en los documentos.
Pero ese plan nunca se llevó a cabo. La investigación fue clausurada por altos funcionarios del Departamento de Justicia a finales de 2011, cuando el fiscal general, Eric Holder, fue objeto de duras críticas políticas por el fracaso de otra operación encubierta en México, un intento de rastrear armas ilegales conocido como el caso “Rápido y Furioso”.
El cierre de la investigación puso fin al escrutinio del asunto por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses, aun cuando la extradición de importantes narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos trajo a los investigadores nuevas acusaciones sobre vínculos de la droga con el aparato político de López Obrador en los años siguientes.
La divulgación del caso por ProPublica y otros dos medios sacudió las relaciones entre Estados Unidos y México y enfureció a López Obrador, que negó haber aceptado dinero de la droga y lanzó una diatriba de varias semanas contra la DEA, ProPublica y otros que, según él, conspiraban en su contra.
“Que ya no le gusta a la DEA la política que estamos aplicando porque somos un país independiente y soberano,” dijo López Obrador el mes pasado, aludiendo a su rechazo a la cooperación antidroga más estrecha que anteriores gobiernos mexicanos tuvieron con Washington.
El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que López Obrador no respondería a preguntas sobre “acusaciones falsas” relacionadas con la campaña del 2006. Pero en una carta, dijo que el presidente quería respuestas a sus propias preguntas sobre las fuentes y los motivos de la cobertura de la investigación de la DEA. “Tu reportaje ha dañado la imagen del gobierno y del presidente de México,” agregó la carta.
Funcionarios de la administración de Biden han intentado apaciguar a López Obrador, de quien dependen para contener el flujo de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos. Aunque no desmintieron los reportajes sobre la investigación de la DEA, los funcionarios enfatizaron públicamente que el caso fue cerrado hace años y que el presidente mexicano ya no está bajo investigación.
Aun así, las revelaciones volvieron a plantear una cuestión que preocupa desde hace tiempo a los funcionarios estadounidenses que trabajan asuntos de México: ¿Cómo deberían manejar las evidencias de corrupción de alto nivel de un gobierno aliado que sigue perdiendo terreno frente a grupos criminales que son de los más poderosos del mundo?
Los documentos obtenidos por ProPublica, los cuales no han sido divulgados previamente, explican cómo los funcionarios estadounidenses inicialmente sopesaron esta cuestión en un momento de mayor cercanía en su relación de seguridad con México. Los documentos también ayudan a aclarar por qué, después de que cambiaron los vientos políticos, los funcionarios del Departamento de Justicia suspendieron la investigación antes de que los agentes pudieran concluir su trabajo.
Los documentos señalan también algunas dudas en torno al caso, que comenzó con acusaciones de que los traficantes habían canalizado unos $2 millones a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006. (López Obrador perdió esa elección y la del 2012 antes de ser elegido presidente en 2018). Aunque los agentes estadounidenses corroboraron esta versión con al menos cinco fuentes diferentes, nunca pudieron confirmar de primera mano si López Obrador aprobó o siquiera supo de las presuntas donaciones, dijeron los funcionarios.
La investigación de la DEA en torno a la campaña de López Obrador comenzó con Roberto López Nájera, un joven abogado de Acapulco que fue a trabajar para uno de los jefes de la droga más notorios en México, Édgar Valdez Villarreal, un traficante nacido en Texas y apodado “La Barbie.”
Cuando López Nájera se unió a la banda de La Barbie en 2004, era en realidad una rama de la organización de drogas dirigida por el capo Arturo Beltrán Leyva — que a su vez era una figura principal en el llamado Cártel de Sinaloa. La alianza fue lo suficientemente fluida, López Nájera dijo más adelante a los investigadores, que sus líderes a veces reunían a sus pistoleros para que se conocieran entre ellos, no fuera a ser que se encontraran en la calle y se dispararan por error.
Después de varios años, López Nájera rompió con La Barbie y fue a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para ofrecer su ayuda a la DEA. Custodiado por la DEA en Estados Unidos, se convirtió en un preciado informador, sentándose en interminables interrogatorios e incluso escribiendo sus propios recuerdos de los traficantes que había conocido y episodios que había presenciado.
A pesar del papel que López Nájera había tenido como pagador de sobornos, la DEA se tardó más de dos años para empezar a indagar en su relato de una reunión de enero de 2006 en la que La Barbie y dos de sus lugartenientes claves se reunieron con emisarios del entonces candidato a la presidencia, López Obrador.
Según la versión que López Nájera contó, dijeron funcionarios, la reunión en un hotel de Nuevo Vallarta, en la costa del Pacífico, terminó con un acuerdo de palabra: A cambio de unos $2 millones que el traficante donó a la campaña de López Obrador, se le prometió protección oficial si ganaba el candidato, incluida la posibilidad de intervenir en la selección de mandos policiales y el fiscal general.
En los primeros meses de la investigación , López Nájera colaboró con la DEA para organizar reuniones en Florida y Texas con Mauricio Soto Caballero, un operador de la campaña de López Obrador con el que había coordinado las contribuciones de La Barbie en 2006. Los dos hombres tuvieron una amistad, y López Nájera les dijo a los agentes que Soto había expresado interés en ganar dinero rápido, quizá actuando como inversor en pequeños negocios de drogas.
La noche del 21 de octubre de 2010, Soto se reunió en un bar en McAllen, Texas, con un par de hombres que, hasta donde sabía, eran socios de López Nájera. De hecho, los hombres eran agentes encubiertos de la DEA, y arrestaron a Soto en su hotel varias horas más tarde. A los pocos días, según los oficiales, se declaró culpable en Nueva York de un cargo federal de conspiración en el tráfico de cocaína. Para evitar ir a prisión y regresar a casa, Soto accedió a ayudar a los investigadores a perseguir a otros implicados en las donaciones de traficantes a la campaña de López Obrador.
Los agentes, procedentes de equipos de la DEA en la Ciudad de México y Nueva York, notificaron acerca de una "actividad de investigación sensible” al jefe de operaciones globales, solicitando autorización para usar a Soto como fuente encubierta. En efecto, pedían colocar un informante dentro de la segunda campaña presidencial de López Obrador en 2012 para potencialmente desarrollar pruebas contra el propio candidato.
“Sin una fuente confidencial en esta posición, sería imposible para cualquier entidad identificar el nivel de corrupción implicado en una campaña presidencial”, se afirma en un documento sin fecha. Soto “estará en una posición directa para informar cuándo un cártel de drogas proporcione dinero a la campaña”.
“El objetivo último de esta investigación” se agrega en la solicitud, “es Andrés Manuel Lopez-Obrador”.
Una lista del personal de la campaña a los que los agentes pretendían investigar, incluida en otro documento, nombra a dos de los ex guardaespaldas de López Obrador de la campaña y al general del ejército que dirigía su equipo de seguridad, Audomaro Martínez, ahora el poderoso jefe de inteligencia del gobierno mexicano.
Según varios funcionarios actuales y antiguos, los agentes tenían diferentes criterios para elegir a los objetivos de su escrutinio. Uno de los ex guardaespaldas, Silvio Hernández Soto, fue presentando a López Nájera como un contacto que le podría ser útil en sus trabajos de contrabando. Martínez, que supervisó a los guardaespaldas, era visto como uno de los que controlaba acceso al candidato, pero no parece haber estado implicado en ninguna actividad delictiva. (Un abogado para Hernández no respondió a varios mensajes solicitando comentarios, mientras que Martínez no respondió a preguntas planteadas a través del vocero presidencial).
El primer foco de atención de los agentes fue el amigo y ex jefe de Mauricio Soto en la campaña de 2006, Nicolás Mollinedo Bastar, que seguía como uno de los asesores más cercanos de López Obrador. Mollinedo había sido jefe de logística de la campaña, responsable de la organización de mítines y otros eventos en todo el país. En una entrevista con ProPublica, Mollinedo negó que él o la campaña hubieran aceptado dinero del narcotráfico. Soto, que no respondió a numerosas peticiones solicitando comentarios, ha insistido a periodistas mexicanos que nunca fue arrestado en los Estados Unidos ni colaboró con la DEA. (ProPublica ha revisado seis documentos del gobierno estadounidense que indican lo contrario).
Soto les dijo a los investigadores que, durante la campaña de 2006, se les acercaban “individuos no identificados” ofreciéndoles a él y a otro personal de la campaña “dinero en efectivo u objetos de gran valor”, según un documento que resume algunas de sus entrevistas. “Se entendía que estos individuos representaban al cártel local de la droga y que, a cambio, solicitaban seguridad para que su organización traficara con narcóticos a Estados Unidos”.
“Aunque al principio Mollinedo ordenó a sus subordinados que no aceptaran estas ofertas, Soto-Caballero recibió instrucciones de mantener relaciones con estas personas por si necesitaban algo en el futuro", según el documento. En otro resumen de la investigación se indica que la función continuó cuando Mollinedo autorizó a Soto a “recibir los fondos ilícitos y otro apoyo” que envió La Barbie a la campaña.
Soto les dijo a los investigadores que él habló de las contribuciones sinaloenses solo con Mollinedo, a quien le entregó dos depósitos grandes del dinero en efectivo de los traficantes, dijeron exfuncionarios familiarizados con el caso. Los agentes sospecharon que López Obrador, que tenía una reputación de microgerente, no podía desconocer una donación tan cuantiosa. Pero Soto les dijo que él no sabía si el candidato habló del dinero con Mollinedo, uno de sus asesores de más confianza o con alguno de los dos empresarios que decían haber representado a su campaña en la reunión de Nuevo Vallarta.
López Nájera les había dicho a los investigadores que había sido presentado a López Obrador en una parada de la campaña en 2006 en el estado norteño de Coahuila, donde el candidato se dirigió a una multitud reunida con la ayuda financiera de La Barbie.
López Nájera dijo que había llamado a La Barbie y le había pasado el teléfono a López Obrador, quien luego agradeció al traficante por sus donaciones. Pero oficiales familiarizados con el caso dijeron que los agentes trataron esa afirmación con escepticismo: Aun si López Obrador supiera quién estaba en el teléfono, cualquier cosa que López Nájera pudiera haber escuchado sería testimonio de oídas. (López Obrador ha dicho que él renunciaría a la presidencia inmediatamente si alguien pudiera probar que él habló con el traficante).
Aunque la lista de objetivos de los agentes era tan ambiciosa como delicada, los funcionarios de la DEA dijeron que presumieron desde el principio que los límites de la investigación serían fijados inevitablemente por los altos funcionarios del Departamento de Justicia y otras agencias.
“Íbamos a intentar recopilar toda la información que pudiéramos”, declaró un exfuncionario de la DEA que supervisó parte de la investigación, pero, al igual que otros, solo aceptó hablar bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto. “Se sabía que iba a ser un largo camino por las ramificaciones políticas. Y no nos sorprendió que la frenaron”.
Desde el principio, los investigadores se enfrentaban a una fecha tope: Los fiscales federales que dirigían sus esfuerzos desde Manhattan creían que el plazo de prescripción de los posibles delitos de conspiración relacionados con la primera campaña de López Obrador sería de cinco años después de la votación del 2 de julio de 2006. Para principios de 2011, los investigadores sólo tenían unos meses para presentar cargos basados en la campaña anterior.
Mientras trabajaba en secreto con los agentes estadounidenses, Soto asistió a reuniones semanales en la Ciudad de México con López Obrador y el pequeño equipo que estaba preparando su campaña presidencial de 2012, según se indica en algunos documentos. Soto permaneció cercano a Mollinedo, quien estaba casi constantemente al lado de López Obrador.
Una vez que los oficiales aprobaron el despliegue de Soto como fuente encubierta, los agentes enfocaron su atención en Mollinedo. Esperando confirmar aún más su papel en la aceptación de las donaciones de 2006, los agentes dieron a Soto un aparato de grabación oculto y lo enviaron el 8 de abril de 2011, para grabar subrepticiamente una conversación en la sede política de López Obrador.
Los resultados fueron decepcionantes. La grabación era en parte ininteligible, y en un momento Soto apagó el aparato, accidentalmente o quizá a propósito, los agentes no estaban seguros.
En un resumen de dos páginas de la conversación se afirma que Soto (conocido como “el CS” por las siglas en inglés de fuente confidencial) le dijo a Mollinedo que le preocupaba que las autoridades mexicanas habían arrestado a La Barbie y a un lugarteniente que había estado con el traficante en la reunión de Nuevo Vallarta, Sergio Villarreal Barragán, un imponente expolicía conocido como “El Grande”.
En la grabación, Soto dijo que él estaba preocupado también por un testigo del gobierno aún misterioso, alguien que había sido identificado en documentos judiciales y en las noticias por el seudónimo de “Jennifer.” El testigo aparecía entonces en los titulares como una fuente de una gran investigación de corrupción conocida como “Operación Limpieza”. Los dos hombres aparentemente habían descubierto que Jennifer era el mismo López Nájera — el joven traficante con el que Soto había lidiado durante la campaña de 2006.
Aparentemente, Mollinedo también estaba preocupado. Él dijo que dudaba que los traficantes fueran testigos creíbles, y cortó la conversación, diciendo que tenía que reunirse con su mujer y su hija. Soto se ofreció a llevarlo, pero durante el trayecto Mollinedo “habló sobre todo de una amante con la que estaba liado”, señala el resumen.
En referencia a Soto, en el documento se agrega: “El CS informó a los investigadores que él/ella no podía hablar específicamente sobre los pagos de dinero durante la campaña de 2006 porque el CS y Mollinedo nunca pudieron hablar en privado en la oficina”.
Un mes más tarde, los agentes lo intentaron otra vez. Una segunda conversación grabada el 9 de mayo se centró en parte en uno de los exguardaespaldas de la campaña de 2006, Marco Antonio Mejía, que había estado haciendo declaraciones a los procuradores tras ser detenido por cargos de corrupción relacionados con una prisión que había dirigido en Cancún.
En 2006, Soto había presentado a Mejía a López Nájera como otro contacto que podría ser útil para los traficantes. Al hablar con Mollinedo, Soto se preocupó en voz alta de que López Nájera y Mejía pudieran volverse contra ellos. (Mejía, que negó haber cometido delito alguno durante su proceso judicial, no pudo ser localizado para que hiciera comentarios).
Mollinedo estaba un paso más adelante de Soto, habiendo obtenido ya una copia del expediente confidencial de Mejía con declaraciones de varios testigos.
“Son solo cosas vagas”, dijo Mollinedo de las acusaciones en el expediente. “Pero, seguramente tienen un archivo de nosotros”.
Algunas partes de la conversación volvieron a ser ininteligibles, y gran parte del lenguaje de los hombres era ambiguo o deliberadamente cifrado. Había algunas referencias al dinero que se entregó (presumiblemente a la campaña) y una mención del hombre que había presentado a Soto a López Nájera (supuestamente para organizar la entrega de las donaciones de los traficantes).
Los agentes de la DEA vieron la transcripción como una prueba de que Mollinedo — uno de los hombres de mayor confianza de López Obrador — estaba completamente consciente de las donaciones de La Barbie en 2006 y de quién las había entregado. “Estas reuniones han revelado evidencias que corroboran la información inicial”, escribieron los agentes en un plan de investigación posterior.
Sin embargo, Mollinedo no hizo ninguna declaración explícita sobre las donaciones de los traficantes o su posible responsabilidad en ellas. Como prueba potencial, los fiscales pensaron que era débil, del tipo que un buen abogado defensor podría hacer pedazos ante un tribunal.
“Cuando se trata de un alto entorno político delicado, el nivel de prueba necesario aumenta considerablemente” dijo un antiguo funcionario del Departamento de Justicia familiarizado con el caso, refiriéndose a la solidez de la evidencia necesaria para demostrar un caso de corrupción. “Eso es el caso dentro de los Estados Unidos también”.
En los meses siguientes, a medida que se cumplía el plazo de prescripción, los agentes cambiaron a un plan más ambicioso: Establecerían una operación encubierta, dijeron los funcionarios, utilizando a Soto para presentar a Mollinedo a un agente encubierto cuidadosamente escogido — quizá un extraficante de otro país latinoamericano que estaba cooperando con la DEA.
A medida que la campaña presidencial se intensificara, el operativo ofrecería una gran donación, tal vez unos $5 millones, a cambio de una promesa de que un gobierno de López Obrador toleraría sus actividades ilícitas en el futuro. Sí Mollinedo aceptaba, el supuesto donante ofrecería un pago inicial o una donación de buena fe de $100,000 en efectivo. Si Mollinedo se lo quedaba, tratarían de detenerlo e intentarían presionarlo para que cooperara contra otros, incluido posiblemente López Obrador, los oficiales dijeron.
Durante el curso de la investigación, indican los documentos, el jefe de la DEA en México, Joseph Evans, informó a altos diplomáticos estadounidenses sobre su avance. (Evans declinó comentar sobre el asunto.) Pero la investigación coincidió con un período tumultuoso en la embajada de Estados Unidos. El embajador, Carlos Pascual, dimitió en marzo de 2011 después de conflictos con el gobierno mexicano que se intensificaron cuando Wikileaks filtró cables diplomáticos secretos en los cuales él criticaba los esfuerzos mexicanos en contra del narcotráfico.
Los documentos que vio ProPublica destacan la preocupación de los funcionarios por lo delicado de la investigación y los peligros de una operación encubierta dentro de México — un paso al que en general estaban obligados a informar al gobierno mexicano, de acuerdo con los términos de un acuerdo de 1998 en materia de cooperación policial.
Al igual que otras operaciones especialmente arriesgadas, el plan de los agentes se sometió a un panel de abogados y de funcionarios de la DEA y del Departamento de Justicia llamado Comité de Revisión de Actividades Delicadas. Esa revisión del 22 de noviembre de 2011, en Washington, “giraba en torno a las preocupaciones de lo que se les había informado a los mexicanos y de lo que se les informaría en el futuro” se indicó en un resumen del caso.
Los funcionarios de la DEA indicaron que la corrupción oficial era un factor central en la incapacidad de México de avanzar en contra de los traficantes, dijeron los oficiales. Las agencias policiales de Estados Unidos estaban entonces trabajando por primera vez con un apoyo sólido del gobierno mexicano, del presidente Felipe Calderón, un rival resentido de López Obrador. Los funcionarios de la DEA sugirieron que podrían hablar de su plan con el jefe de inteligencia de Calderón, quien podría informar al presidente sin que otros altos funcionarios mexicanos se dieran cuenta.
Sin embargo, algunos funcionarios de política exterior y del Departamento de Justicia estimaron que la propuesta no podría estar más cargada de peligros para las relaciones de Estados Unidos con México. “¿Una operación encubierta contra el más sólido candidato presidencial, que también es el principal rival del actual presidente?” preguntó retóricamente un exdiplomático estadounidense de alto rango. “¿Estás bromeando?”
Un antiguo funcionario del Departamento de Justicia familiarizado con el asunto agregó: "No estás en una situación en la que puedes meter a un agente (en la operación), así que estás tratando exclusivamente con gente que son informadores y delincuentes. No se trata solo del objetivo de la investigación, sino de lo que se propone hacer”.
A pesar de la estrecha colaboración de Calderón con los Estados Unidos y una oleada de golpes a traficantes importantes, entre ellos algunos capos de la banda de los Beltrán Leyva, la posibilidad de que las cosas fueran catastróficamente mal en la relación entre los dos países ya estaba a la vista.
Durante meses, un gran escándalo se había desatado en torno a una iniciativa de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, o ATF en inglés, para rastrear las armas ilegales que llegaban a México procedente de los Estados Unidos. Se había permitido la libre circulación de cientos de armas a las bandas de traficantes y otros criminales, pero el rastreo había fracasado estrepitosamente. Cuando se identificaron las armas a partir de delitos o incautaciones, se determinó que se habían utilizado en los asesinatos de más de 150 ciudadanos mexicanos. El pueblo mexicano, incluyendo a Calderón, estaba furioso.
“Hay que tener una visión a largo plazo de la relación y de los costos”, dijo un funcionario del Departamento de Justicia. “No solo hay consideraciones de política exterior de las otras agencias, sino que también las tenemos en el Departamento de Justicia DOJ. Yo tenía otros 10 fiscales que tenían casos que dependían de la cooperación con (el gobierno mexicano). Y se iban a enojar mucho si esto explotaba”.
El 1 de octubre de 2013, sin más perspectivas para la investigación de la DEA, Soto regresó clandestinamente al tribunal federal en Manhattan para ser sentenciado por el cargo de conspiración de cocaína al que se había declarado culpable casi tres años antes, dijeron los oficiales. Con el aval de los fiscales, un juez le dio cinco años de libertad condicional, pero no le obligó a presentarse en persona.
Voló a casa casi inmediatamente, dijeron los oficiales, y volvió a trabajar en el gobierno de la Ciudad de México.
Traducido por Deya Jordá. Revisado por Carmen Méndez.
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Traducido por Deya Jordá. Revisado por Carmen Méndez.
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